Las familias propietarias de inmuebles rurales dedicadas a la ganadería o a la agricultura, o a ambos rubros productivos, cuentan habitualmente, como Administrador, con uno de sus integrantes. Éste, asume entonces un triple rol: por un lado es padre, hermano o hijo; también copropietario y, finalmente, prestador de servicios.
Quienes ostentan la condición de copropietarios solamente, desean que la administración del campo se realice de la manera que ellos estiman más apropiada, y que el Administrador rinda cuentas.
Es entonces cuando, generalmente, surgen dificultades; en efecto, resulta trabajoso acordar cuál es la mejor forma de administrar la estancia, de suerte tal que cuanto aparece como bueno para uno es considerado, para otro, malo. Y paralelamente, el Administrador suele mostrarse renuente a rendir cuentas a sus socios, que son sus hijos, o sus padres y sus hermanos.
A ello se suman otras interrogantes y situaciones referidas a hechos tales como: ¿Pueden o no los miembros de la familia tener animales propios en el establecimiento familiar? ¿Pueden los familiares políticos prestar servicios? ¿De qué manera se contraen las obligaciones?, y otras semejantes.
Todas estas cuestiones, y otras más, motivan discusiones que, en ocasiones, suben de tono y así, un campo familiar que fue adquirido con el objeto de que la familia pueda desarrollar una actividad económica en beneficio de todos y constituye un importante patrimonio por su valor en dinero, se transforma en una fuente de conflictos y problemas que, en ocasiones, escalan de manera tal que se generan divisiones tanto personales como patrimoniales, cuyas consecuencias resultan, por decir lo menos, muy poco agradables.
¿Qué hacer entonces?
Para mitigar estos inconvenientes, provechoso sería ponerlos sobre la mesa y conversar sobre ellos sinceramente, de suerte a articular acuerdos que permitan a los integrantes de la familia convivir en armonía. Ello haría posible una unidad económica que genere beneficios para toda la familia.
Los acuerdos logrados conllevarían la profesionalización de la gestión y, en tal sentido, comprobado está que los establecimientos agropecuarios que perduran son aquellos que persiguieron y lograron incorporar sistemas eficientes de administración y de gestión.
Para articular las acciones necesarias es siempre recomendable contar con un tercero, un profesional especializado en la materia que colabore con los miembros de la familia, no solo indicando cuanto se debe hacer sino, principalmente, oficiando de facilitador del proceso. Una vez logrados los pretendidos acuerdos, ellos deben consignarse expresamente en un documento que, suscrito por todos quienes intervinieron en su gestión, servirá de clara y magnífica hoja de ruta que, con seguridad, conducirá a una mejor administración y, lo que es quizá más importante, a un mejor relacionamiento familiar con los consecuentes beneficios, tanto económicos como de bienestar y felicidad en la familia.
Marcelo Codas Frontanilla
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