Hace unos días, un joven abogado me preguntó, con esa mezcla de ingenuidad y escepticismo propia de los que recién empiezan, si valía la pena concursar para un cargo en el Poder Judicial. Le dije que sí, por supuesto. Pero mientras lo decía, sentí un cierto pudor. Porque ambos sabíamos que su pregunta no era sobre su capacidad, sino sobre sus contactos.
Esa anécdota resume, mejor que cualquier estadística, el estado actual del Consejo de la Magistratura.
El Consejo fue, sin duda, una de las apuestas más nobles de la Constitución de 1992. Veníamos de un modelo donde el Poder Ejecutivo designaba a los jueces a su antojo. Y no seamos hipócritas: bajo ese modelo, hubo sumisión, hubo complacencia, pero también hubo —hay que decirlo— magistrados de una talla intelectual y moral que hoy extrañamos. La Corte Suprema de Justicia de los años 70 y 80, aún con sus claroscuros, tenía juristas que uno podía discutir, pero no podía ignorar.
El constituyente del 92 quiso corregir eso. Quiso crear un filtro técnico, despolitizado, meritocrático. Y así nació el Consejo de la Magistratura, previsto en el Artículo 262 de la Constitución Nacional.
La norma es clara en su integración:
Un miembro de la Corte Suprema de Justicia; un representante del Poder Ejecutivo; un senador y un diputado designados por sus respectivas Cámaras; dos abogados de la matrícula elegidos por sus pares; y dos profesores, uno por la Universidad Nacional y otro por las universidades privadas.
Sobre el papel, el diseño era impecable. Pluralismo, representación estamental, equilibrio republicano. En la práctica, fue el germen de su fracaso.
Porque con la incorporación de los representantes políticos —y no me refiero a su calidad personal, sino al rol institucional que ocupan— el Consejo dejó de ser un órgano técnico para convertirse en una arena política. Lo que debía ser un contrapeso se volvió un reparto de cuotas.
Llevamos casi 33 años con este sistema. Tiempo más que suficiente para hacer un balance sereno, sin fanatismos y sin nostalgia autoritaria. Y el balance es desolador.
Primero, se prostituyó el concepto de mérito. Todos sabemos cómo funciona. Se rinden exámenes, se acumulan puntajes, se presentan carpetas abultadas de títulos y publicaciones. Pero a la hora de conformar las ternas, el puntaje es casi anecdótico. Pesa más una llamada, un compromiso político, la pertenencia a un movimiento interno. Hemos llegado al absurdo de ver ternas integradas por candidatos con 30 o 40 puntos menos que los primeros de la lista. ¿Con qué autoridad moral se le puede pedir después a ese juez que sea independiente?
Segundo, se destruyó la carrera judicial. Antes, mal o bien, un secretario de juzgado podía aspirar, con años de trabajo silencioso, a ser juez. Hoy, ese funcionario sabe que su antigüedad y su foja de servicios valen menos que el padrinazgo de un senador o de un dirigente gremial. El mensaje que baja es letal: no te formes, busca operador.
Y tercero, y esto es lo más grave, se instaló la paradoja que hoy nadie se anima a decir en voz alta: el Poder Judicial está cada vez peor. Peor en su imagen ante la ciudadanía, peor en los tiempos de respuesta, peor en la calidad de muchos de sus fallos. Y esto ocurre, insisto, no a pesar del Consejo, sino en gran medida a causa de su funcionamiento real.
Yo no propongo volver al sistema anterior. Sería una involución inadmisible. Lo que digo es que no podemos seguir defendiendo este sistema solo porque tuvo buenas intenciones. Las instituciones no se miden por las intenciones de sus creadores, sino por sus resultados.
Y los resultados están a la vista.
El Consejo de la Magistratura, tal como está concebido y como opera hoy, no le sirve a la República. No le sirve a la gente que espera justicia y no le sirve a los buenos jueces, que son muchos y que se sienten avergonzados por el sistema que los eligió.
Es hora de animarnos a discutir, con valentía y sin corporativismos, una reforma profunda. ¿Un Consejo más reducido y verdaderamente técnico? ¿Una Escuela Judicial con peso real en la selección? ¿Concursos por oposición con jurados internacionales y sin intervención política? Hay modelos. El mundo no se acaba en el Artículo 262.
Lo que no podemos hacer es seguir mirando para otro lado. Porque cada terna mal integrada, cada juez mediocre designado por compromiso político, es un ladrillo más en el muro de descreimiento que separa a la sociedad paraguaya de su Justicia.
Y sin Justicia creíble, no hay República posible.